La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una extranjera contra e…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una extranjera contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión en tramitar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada. El tribunal revocó la sentencia apelada y ordenó al servicio pronunciarse sobre dicha solicitud, emitiendo la resolución que corresponda en derecho, dentro del plazo de 20 días. Se consideró que la omisión constituye un comportamiento ilegal que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al discriminar a la recurrente frente a otros extranjeros en situación equivalente que sí obtuvieron respuesta formal. La decisión se limita a ordenar el inicio del procedimiento administrativo, sin evaluar el fondo de la pretensión.
Normas citadas
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
DFL N° 1
recurso de protecciónrefugiocondición de refugiadoServicio Nacional de Migracionesomisión ilegalprincipio de escrituraciónprincipio de inexcusabilidadprincipio de celeridad
Preguntas frecuentes
¿Puede recurrirse de protección si el Servicio Nacional de Migraciones no responde una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado?
En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de protección y sostuvo que la omisión de tramitar la solicitud es un comportamiento ilegal que vulnera la garantía de igualdad ante la ley. Por ello, ordenó al servicio pronunciarse sobre la solicitud dentro de 20 días.
¿La omisión de un órgano de la Administración en resolver una solicitud puede vulnerar la igualdad ante la ley?
Según esta sentencia, sí: la Corte Suprema consideró que la falta de respuesta formal discriminaba a la recurrente frente a otros extranjeros en situación equivalente que sí obtuvieron una resolución. Por eso, el tribunal estimó que se afectaba la garantía constitucional.
¿Qué alcance tiene una sentencia de protección que ordena a un servicio migratorio pronunciarse sobre una solicitud de refugio?
En este caso, la Corte Suprema limitó su decisión a ordenar el inicio del procedimiento administrativo y a que se emita la resolución que corresponda en derecho. No evaluó el fondo de la pretensión, es decir, si procedía o no reconocer la condición de refugiada.
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