El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 492, inciso segundo, del Código Penal, que impone la suspensión de la licencia de conducir a quienes resulten responsables de cuasidelitos de homicidio o lesiones cometidos con vehículos. El requirente alegó vulneración de la igualdad ante la ley, de la proporcionalidad de las penas y de la libertad de trabajo. La mayoría rechazó el requerimiento, al estimar que la norma se enmarca en la regulación de la seguridad vial y no afecta de manera arbitraria las garantías invocadas, pues no se constató un trato desigual injustificado ni una afectación desproporcionada a la libertad de trabajo en el caso concreto. El fallo fue adoptado con el voto de mayoría y la disidencia de un ministro, quien sostuvo que la aplicación de la norma al caso producía efectos desproporcionados que justificaban acoger el requerimiento y declarar su inaplicabilidad.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que se suspenda la licencia de conducir a quien es responsable de un cuasidelito de homicidio o lesiones con un vehículo?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y estimó que la suspensión de la licencia de conducir prevista en el Código Penal se enmarca en la regulación de la seguridad vial y no afecta arbitrariamente las garantías invocadas.
¿Vulnera la suspensión de la licencia de conducir la igualdad ante la ley o la libertad de trabajo?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma no produce un trato desigual injustificado ni una afectación desproporcionada a la libertad de trabajo, por lo que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Puede acogerse un requerimiento de inaplicabilidad por los efectos desproporcionados de la suspensión de la licencia de conducir?
En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, mientras que un ministro disidente sostuvo que la aplicación de la norma producía efectos desproporcionados que justificaban acogerlo y declarar su inaplicabilidad.
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