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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido en contra de la Superintende…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, a raíz de la negativa a entregar la base de datos con las preguntas y respuestas de la versión completa del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, aplicado en forma online desde su implementación, excluyendo cualquier dato que identifique a las empresas o entidades empleadoras. El Consejo estimó que no se acreditó que la entrega implicara una distracción indebida de los funcionarios en sus labores habituales, ni que su divulgación afectara a los trabajadores, pues los antecedentes no permiten identificarlos ni revelan datos de salud. En consecuencia, ordenó entregar la información en un plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar su cumplimiento.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar la base de datos de respuestas del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 cuando se pide por Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social entregar la base de datos, excluyendo cualquier dato que identifique a las empresas empleadoras. Estimó que no se acreditó una distracción indebida de funcionarios ni un perjuicio a los trabajadores.

¿La entrega de información pública puede rechazarse por distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores?

En este caso, el Consejo resolvió que no se acreditó que la entrega implicara una distracción indebida de los funcionarios en sus labores habituales, por lo que esa causal no justificó la negativa. Por ello ordenó la entrega de la información.

¿Se pueden divulgar datos de trabajadores de un cuestionario de riesgos psicosociales sin afectarles?

En este caso, el Consejo consideró que la divulgación no afectaba a los trabajadores, porque los antecedentes no permiten identificarlos ni revelan datos de salud. Por eso ordenó entregar la información con plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.

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