Resumen
La Contraloría General de la República cursó la resolución N° 237, de 2014, del Instituto de Previsión Social, que dispuso el cese de funciones de un alto directivo público tras la petición de renuncia formulada por la autoridad competente. El organismo desestimó el reclamo del afectado, quien alegaba que su remoción se debió a su postulación a un cargo de elección pública, extremo no acreditado en los antecedentes. Se recordó que, conforme a la ley N° 19.882, los altos directivos públicos son empleados de exclusiva confianza de la autoridad que los nombró, por lo que pueden ser separados sin necesidad de expresar las razones de la petición de renuncia. Asimismo, se rechazó el derecho a vacaciones invocado, pues el feriado legal solo aprovecha a quienes mantienen la condición de servidores públicos, la que cesó al término del desempeño.