La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación relativa a u…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación relativa a una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que, mediante una consulta de pertinencia, determinó que ciertas modificaciones a un proyecto no requerían ingresar al S.E.I.A. (SEIA). El dictamen concluye que dicha resolución no modificó la resolución de calificación ambiental original, por lo que la fiscalización del proyecto corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En consecuencia, se remite la presentación a la SMA para que evalúe posibles infracciones, especialmente en relación con el límite de almacenaje de residuos tóxicos, y adopte las medidas de fiscalización pertinentes.
Normas citadas
Ley 19300 art/2 lt/j
DTO 40/2012 minma art/28
DTO 40/2012 minma art/59
DTO 40/2012 minma art/26
ley 20417 art/segundo art/2
ley 20417 art/segundo art/3 lt/a
ley 20417 art/segundo art/3 lt/j
ley 19300 art/10
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Quién fiscaliza un proyecto ambiental cuando una consulta de pertinencia determina que una modificación no requiere ingresar al SEIA?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la resolución del SEA no modificó la resolución de calificación ambiental original, por lo que la fiscalización del proyecto corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente.
¿Qué ocurre si una resolución de pertinencia del SEA no altera la calificación ambiental original de un proyecto?
En este caso, el dictamen sostuvo que la resolución de pertinencia no modificó la calificación ambiental original, por lo que no altera las obligaciones que de ella derivan. Por eso se remitió la presentación a la SMA.
¿Puede la SMA revisar posibles infracciones de almacenaje de residuos tóxicos en un proyecto cuya modificación fue considerada no sujeta a ingreso al SEIA?
En este caso, la Contraloría remitió la presentación a la Superintendencia del Medio Ambiente para que evalúe posibles infracciones, especialmente en relación con el límite de almacenaje de residuos tóxicos, y adopte las medidas de fiscalización pertinentes.
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