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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un recurrente…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un recurrente que reclamaba el derecho a percibir la bonificación de riesgo para el personal llamado al servicio en Carabineros de Chile, así como la procedencia de descuentos para pensiones. El dictamen concluyó que, por expresa disposición legal contenida en el artículo 32 quater del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del ex Ministerio del Interior, el personal llamado al servicio no tiene derecho a dicha bonificación, ya que la ley la excluye expresamente. Respecto a los descuentos para pensiones, se determinó que estos se ajustan a derecho, pues corresponden al cumplimiento del mandato legal del artículo 20, letra a), del decreto ley N° 844, de 1975, que establece una deducción del 8,5% sobre sueldos, sin que exista norma que exima de dicha rebaja. Además, se desestimó la alegación de inconstitucionalidad, por ser competencia del Tribunal Constitucional.

Normas citadas

  • Dfl 2/68 INTER art/32 quater inc/1
  • POL art/6
  • POL art/7
  • POL art/19 Num/2
  • POL art/93 num/4
  • POL art/93 num/7
  • Dl 844/75 art/20 lt/a
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El personal llamado al servicio en Carabineros de Chile tiene derecho a la bonificación de riesgo?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no. El artículo 32 quater del DFL N° 2 de 1968 excluye expresamente al personal llamado al servicio de esa bonificación, por lo que no le corresponde percibirla.

¿Son procedentes los descuentos para pensiones aplicados al personal llamado al servicio en Carabineros?

Según este dictamen, sí. Los descuentos se ajustan a derecho porque cumplen el artículo 20, letra a), del DL N° 844 de 1975, que establece una deducción del 8,5% sobre sueldos, y no existe norma que exima de esa rebaja.

¿La Contraloría puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma legal al resolver un reclamo administrativo?

En este caso, la Contraloría desestimó la alegación de inconstitucionalidad, señalando que es competencia del Tribunal Constitucional y no del órgano contralor.

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