La Contraloría General de la República determinó que la Dirección de Obras Municipales…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que la Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa no puede exigir, como requisito para autorizar una modificación de deslindes, la presentación de declaraciones juradas simples de los propietarios de los terrenos potencialmente afectados, ya que dicha exigencia no está contemplada en el artículo 67 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ni en su ordenanza. La circular DDU 271, citada por la DOM, solo sugiere esa documentación, pero no la impone como obligatoria. Por ello, el rechazo de la solicitud basado en la falta de esas declaraciones no se ajustó a derecho, correspondiendo que la DOM y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo rectifiquen su actuación.
Normas citadas
ley 18695 art/24 lt/a
dfl 458/75 vivie art/2
dfl 458/75 vivie art/67 inc/1
dfl 458/75 vivie art/67 inc/2
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede una Dirección de Obras Municipales exigir declaraciones juradas de los vecinos para autorizar una modificación de deslindes?
No. En este caso, la Contraloría General de la República determinó que la DOM de Ñuñoa no puede exigir declaraciones juradas simples de los propietarios potencialmente afectados, porque esa exigencia no está contemplada en el artículo 67 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ni en su ordenanza.
¿Tiene carácter obligatorio la circular DDU 271 cuando sugiere documentación para modificar deslindes?
No. En este caso, la Contraloría sostuvo que la circular DDU 271 solo sugiere la documentación, pero no la impone como obligatoria, por lo que no puede servir de base para rechazar una solicitud.
¿Es válido rechazar una solicitud de modificación de deslindes por falta de declaraciones juradas de los propietarios colindantes?
No. En este caso, la Contraloría concluyó que el rechazo basado en la falta de esas declaraciones no se ajustó a derecho, por lo que la DOM y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo deben rectificar su actuación.
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