Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo de un funcionario administrativo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien pedía ser designado a contrata en la planta técnica del establecimiento, en razón de los estudios que poseía, y el pago de la asignación profesional. El organismo informó que su vínculo laboral se ajustaba a la normativa vigente. El dictamen concluye que, conforme al artículo 3°, N° 6, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1994, corresponde a la autoridad universitaria designar y contratar a su personal, por lo que la institución no está obligada a vincularlo en una calidad distinta a la que ya posee. Respecto de la asignación profesional, se resuelve que la facultad de fijar remuneraciones corresponde a la universidad, la que la creó mediante su decreto N° 635, de 1996, beneficiando solo a ciertos estamentos y no al administrativo, al que pertenece el recurrente. Por ello, no procede pagarle dicho emolumento.