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La Contraloría General de la República representó el decreto N° 190, de 2012, del Minis…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República representó el decreto N° 190, de 2012, del Ministerio de Obras Públicas, que modificó por razones de interés público las características de obras y servicios del contrato de concesión del Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 – Av. Grecia, y aprobó el Convenio Ad – Referéndum N° 1, por no ajustarse a derecho. El organismo observó que el decreto omitió transcribir el anexo N° 3 del convenio, contraviniendo lo dispuesto en el resuelvo N° 3 del acto, el punto 1.6 del convenio y el artículo 6° de la resolución N° 1.600, de 2008. Además, no constaba la recepción conforme de las obras ya ejecutadas por el I.F.E., relevante para determinar la procedencia de multas y el inicio del cómputo de intereses pactados. Finalmente, no se halló justificación para dictar el decreto cinco años después de la resolución exenta que formalizaba, lo que impedía una toma de razón oportuna y afectaba el monto de los intereses que el Estado debería pagar.

Normas citadas

  • res 1600/2008 CONTR art/6
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría representar un decreto que modifica un contrato de concesión de obras públicas si omite transcribir un anexo del convenio?

En este caso, la Contraloría representó el decreto porque omitió transcribir el anexo N° 3 del convenio, contraviniendo lo ordenado en el propio acto, el convenio y el artículo 6° de la resolución N° 1.600, de 2008.

¿Qué efecto tiene la falta de recepción conforme de obras ya ejecutadas en un contrato de concesión modificado por decreto?

En este caso, la Contraloría observó que no constaba la recepción conforme de las obras ejecutadas por el I.F.E., dato relevante para determinar la procedencia de multas y el inicio del cómputo de los intereses pactados.

¿Se puede dictar un decreto de modificación contractual años después de la resolución que la formalizó sin justificación?

En este caso, la Contraloría no halló justificación para dictar el decreto cinco años después de la resolución exenta que formalizaba la modificación, lo que impedía una toma de razón oportuna y afectaba el monto de los intereses a pagar por el Estado.

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