El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado contr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2009
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra los artículos 230 y 186 del Código Procesal Penal, que regulan la facultad del fiscal para formalizar la investigación. El requirente, querellante en una causa por estafa, sostenía que dichas normas vulneraban la igual protección de la ley y la tutela judicial efectiva al permitir que el fiscal decida discrecionalmente si formaliza o no, dejando al querellante sin posibilidad de exigir la investigación. El Tribunal concluyó que la formalización es una facultad exclusiva del fiscal, ejercida según el mérito de las pesquisas, y que ello no es inconstitucional, pues el querellante puede recurrir al juez de garantía para que el fiscal justifique su decisión, conforme al artículo 186 del Código Procesal Penal. La sentencia fue acordada con el voto en contra del ministro M.V.P., quien estuvo por acoger el requerimiento.
Normas citadas
Código Procesal Penal
Artículo 186 del Código Procesal Penal
Ley N° 19.519
Artículo 6° del Código Procesal Penal
Ley N° 19.640
Ley N° 17.997
Artículo 231 del Código Procesal Penal
Artículo 233 del Código Procesal Penal
Revista Jurídica del Ministerio PúblicoFallosMATERIAS DE INTERÉS GENERAL
Preguntas frecuentes
¿Puede un querellante obligar al fiscal a formalizar la investigación penal en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la formalización es una facultad exclusiva del fiscal, que la ejerce según el mérito de las pesquisas, por lo que el querellante no puede obligarlo directamente a formalizar.
¿Qué puede hacer el querellante si el fiscal decide no formalizar la investigación?
Según este fallo, el querellante puede recurrir al juez de garantía para que el fiscal justifique su decisión, conforme al artículo 186 del Código Procesal Penal.
¿Es inconstitucional que el fiscal decida discrecionalmente si formaliza o no la investigación?
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que esa facultad no es inconstitucional, aunque un ministro votó en contra estimando que debía acogerse el requerimiento.
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