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Dictamen de la Superintendencia de Pensiones que resuelve que la bonificación por hijo…

Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2024

Resumen

Dictamen de la Superintendencia de Pensiones que resuelve que la bonificación por hijo nacido vivo y el bono fiscal de la Ley N° 21.339 no deben considerarse para efectos de la regularización de la garantía estatal de pensión mínima, ni reintegrarse al Fisco. Lo anterior, por tratarse de prestaciones sociales de carácter coyuntural, creadas para enfrentar la crisis del covid-19, y no de ahorro previsional destinado a la vejez. El tribunal concluye que no resulta razonable que los beneficiarios de la garantía estatal pierdan este derecho por un bono otorgado por una sola vez, con independencia de si fue solicitado o no.

Normas citadas

  • Ley N° 21.339
  • Ley N° 20.255
  • Ley N° 21.419
  • D.L. N° 3.500

Preguntas frecuentes

¿La bonificación por hijo nacido vivo o el bono fiscal de la Ley N° 21.339 pueden hacer perder la garantía estatal de pensión mínima?

En este caso, la Superintendencia de Pensiones resolvió que no, porque se trata de prestaciones sociales coyunturales creadas para enfrentar la crisis del covid-19 y no de ahorro previsional. Además, estimó que no es razonable que los beneficiarios pierdan la garantía por un bono otorgado por una sola vez, sea o no solicitado.

¿Debe reintegrarse al Fisco el bono fiscal de la Ley N° 21.339 cuando se regulariza la garantía estatal de pensión mínima?

En este caso, la Superintendencia de Pensiones concluyó que no debe reintegrarse al Fisco, por tratarse de un beneficio social de carácter coyuntural y no de ahorro destinado a la vejez. Por eso dictaminó que estos montos no deben considerarse para la regularización de la garantía.

¿Cómo afecta la Ley N° 21.339 a la regularización de la garantía estatal de pensión mínima?

En este caso, la Superintendencia de Pensiones determinó que la bonificación por hijo nacido vivo y el bono fiscal de dicha ley no se consideran para efectos de la regularización de la garantía estatal. Así, el dictamen protege el derecho de los beneficiarios a conservar esa garantía.

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