El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por presunta infracción…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de San Miguel. El reclamante sostenía que el municipio no publicaba la información sobre su personal a honorarios que el artículo 7 de la Ley de Transparencia obliga a mantener disponible en los sitios electrónicos. Al revisar el banner de Transparencia Activa del municipio, el Consejo constató que dicha información sí estaba publicada, por lo que no existía infracción a la ley ni a su reglamento. En consecuencia, concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición y lo declaró inadmisible por unanimidad de los miembros presentes, ordenando notificar a las partes. La decisión deja a salvo la posibilidad de interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro del plazo legal, y descarta el recurso de reposición administrativo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un municipio no publica la información sobre su personal a honorarios en su sitio web?
En este caso, el Consejo para la Transparencia verificó que la Municipalidad sí publicaba esa información en su banner de Transparencia Activa, por lo que no existía infracción a la Ley de Transparencia ni a su reglamento.
¿Cuándo se declara inadmisible un reclamo por infracción a la transparencia activa ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque, al constatar que la información sobre el personal a honorarios ya estaba publicada, faltaba un elemento habilitante para su interposición.
¿Se puede reponer administrativamente una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo descartó el recurso de reposición administrativo y dejó a salvo la posibilidad de interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro del plazo legal.
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