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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Municipalidad de I…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Municipalidad de Independencia y ordenó la entrega de copia de los contratos a honorarios de una persona determinada, correspondientes a los períodos consultados. El Consejo fundó su decisión en que se trata de información de carácter público que obra en poder del órgano requerido, sin que se hubieran alegado circunstancias de hecho ni causales de reserva que ponderar, y en el principio de máxima divulgación. Previo a la entrega, el municipio deberá tarjar los datos personales de contexto contenidos en los documentos, como domicilio, teléfono, correo electrónico y RUN, conforme a la Ley N° 19.628. Se le ordenó cumplir en un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar la entrega. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos, y no procede el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se pueden pedir a un municipio los contratos a honorarios de una persona por Ley de Transparencia?

Sí. En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar copia de los contratos a honorarios consultados, por tratarse de información pública en poder del órgano y no haberse alegado causales de reserva, aplicando el principio de máxima divulgación.

¿Qué datos personales deben eliminarse antes de entregar contratos a honorarios de un municipio?

Según esta resolución, el municipio debe tarjar antes de la entrega los datos personales de contexto de los documentos, como domicilio, teléfono, correo electrónico y RUN, conforme a la Ley N° 19.628.

¿Cuál es el plazo para cumplir una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia y qué recursos proceden?

En este caso, el órgano debió cumplir en 20 días hábiles desde que la decisión quedó ejecutoriada, acreditando la entrega. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos, y no procede reposición.

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