El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública presentado contra el Gobierno Regional de Antofagasta. Al analizar la admisibilidad del reclamo, el Consejo advirtió que el reclamante no señalaba claramente la infracción eventualmente cometida por el órgano ni sus antecedentes fundantes, requisito que exige la Ley de Transparencia. Por ello, ejerció la facultad prevista en el Reglamento y le ordenó subsanar las omisiones o aclarar la solicitud en un plazo de cinco días hábiles, advirtiéndole que de no hacerlo se declararía inadmisible. Como el interesado no presentó ninguna aclaración dentro de ese plazo, el Consejo resolvió declarar inadmisible el amparo, por unanimidad de sus miembros presentes, y ordenó notificar la decisión al reclamante y al Gobernador Regional de Antofagasta.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi amparo ante el Consejo para la Transparencia no señala claramente la infracción cometida por el órgano?
En este caso, el Consejo advirtió que el reclamante no señalaba claramente la infracción ni sus antecedentes fundantes, por lo que le ordenó subsanar o aclarar la solicitud en cinco días hábiles, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.
¿El Consejo para la Transparencia puede declarar inadmisible un amparo si no subsano las omisiones que se me indican?
En este caso, como el interesado no presentó aclaración dentro del plazo de cinco días hábiles, el Consejo declaró inadmisible el amparo por unanimidad de sus miembros presentes.
¿Qué requisitos de admisibilidad exige la Ley de Transparencia para presentar un amparo?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe señalar claramente la infracción eventualmente cometida por el órgano y sus antecedentes fundantes, requisito que exige la Ley de Transparencia para analizar su admisibilidad.
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