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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra la Municipalidad de Rancagua, que había negado la entrega de un listado georreferenciado de los servicios públicos dependientes del municipio y sus puntos de atención al público. En el análisis se examinó si la alegada inexistencia de la información eximía al órgano de entregarla. El Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó al municipio entregar la localización de dichos servicios, idealmente en formato georreferenciado (kmz, shapefile o cad) o, en su defecto, en una tabla Excel con las direcciones y datos básicos como nombre del servicio, dirección y entidad de la que depende. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informe el cumplimiento al Consejo para su verificación. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en el plazo de quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio negar información pública alegando que no existe?

En este caso, el Consejo para la Transparencia examinó si la alegada inexistencia de la información eximía al órgano de entregarla y acogió parcialmente el amparo, ordenando igualmente la entrega de la localización de los servicios solicitados.

¿Qué formato puede exigir el Consejo para la Transparencia para entregar información georreferenciada?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la localización de los servicios idealmente en formato georreferenciado (kmz, shapefile o cad) o, en su defecto, en una tabla Excel con direcciones y datos básicos como nombre del servicio, dirección y entidad de la que depende.

¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir una orden del Consejo para la Transparencia y qué pasa si no cumple?

En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informe el cumplimiento para su verificación.

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