Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley N° 18.290 de Tránsito, que suspendía por un año la ejecución de penas sustitutivas, obligando al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. La mayoría del Tribunal consideró que la norma vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y resocialización, al no ser idónea ni necesaria para la reinserción social, y al imponer un trato más riguroso sin justificación razonable. Sin embargo, la parte final del fallo, redactada por los ministros disidentes, sostiene que la interdicción de penas sustitutivas es racional, pues es facultad del legislador priorizar el cumplimiento efectivo de la pena, y que no existe un trato discriminatorio, ya que la Constitución prohíbe expresamente la posesión de armas, lo que justifica un tratamiento distinto para ciertos delitos.