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La Corte Suprema acogió el recurso de protección de la Asociación de Funcionarios de la…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema acogió el recurso de protección de la Asociación de Funcionarios de la Salud de Hualqui contra la Municipalidad de Hualqui, por la omisión prolongada de realizar procesos de calificación funcionaria de los períodos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. La Corte de Apelaciones de Concepción había rechazado la acción al considerar que los procesos estaban en curso. La Corte Suprema revocó esa decisión, estimando que el retraso de más de tres años constituye un incumplimiento ilegal y arbitrario que lesiona las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Ordenó a la Municipalidad concluir los procedimientos clasificatorios pendientes en un plazo máximo de treinta días y remitió antecedentes a la Contraloría General de la República.

Normas citadas

  • Ley N° 19.378 - Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, artículo 30 bis
  • Ley N° 18.883 - Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, artículo 35
  • Decreto Supremo N° 1.889/1995, artículo 34 inciso final
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Preguntas frecuentes

¿Constituye ilegal la demora prolongada de una municipalidad en realizar las calificaciones de sus funcionarios de salud?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la omisión de más de tres años para realizar las calificaciones de tres períodos constituye un incumplimiento ilegal y arbitrario, que lesiona las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad.

¿Puede un funcionario municipal de salud recurrir de protección si su municipalidad no tramita sus calificaciones pendientes?

En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una asociación de funcionarios de salud contra la municipalidad por la omisión prolongada de los procesos de calificación, revocando el rechazo de la Corte de Apelaciones.

¿Qué puede ordenar la Corte Suprema cuando una municipalidad no concluye las calificaciones funcionarias pendientes?

En este caso, la Corte Suprema ordenó a la municipalidad concluir los procedimientos clasificatorios pendientes en un plazo máximo de treinta días y remitió antecedentes a la Contraloría General de la República.

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