Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena que acogió una acción de protección presentada por académicos, ratificando su reintegro y reforzando el estándar sobre la confianza legítima en contratas públicas. El fallo fue acordado con el voto en contra de dos ministros, quienes estimaron que el acto impugnado estaba debidamente fundado y no era ilegal ni arbitrario, por lo que no se vulneraban las garantías constitucionales invocadas. La decisión se adoptó en el marco de una contratación pública, priorizando la protección de los derechos de los recurrentes.