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La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia del Juzgado de Policía Loca…

Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA CISTERNA · 2021

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia del Juzgado de Policía Local de La Cisterna en una causa sobre protección al consumidor, acogiendo la demanda del cliente contra un banco por operaciones no reconocidas realizadas tras un fraude de phishing. El tribunal consideró que, si bien el cliente ingresó sus claves en una página web fraudulenta a la que accedió mediante un correo electrónico, el banco no lo alertó ni implementó mecanismos suficientes para detectar y prevenir oportunamente operaciones fraudulentas, por lo que no procedía aplicar la excepción de exposición imprudente al daño. En consecuencia, se confirmó la condena al banco, sin costas, por estimarse que tuvo motivo plausible para recurrir.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿El banco responde por operaciones fraudulentas si el cliente ingresó sus claves en una página de phishing?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la condena al banco. Aunque el cliente ingresó sus claves en una web fraudulenta, el banco no lo alertó ni tuvo mecanismos suficientes para detectar oportunamente las operaciones, por lo que no procedía eximirlo por exposición imprudente al daño.

¿Puede el banco eximirse de responsabilidad alegando que el cliente fue imprudente al caer en un fraude de phishing?

Según este fallo, no necesariamente. El tribunal estimó que la excepción de exposición imprudente al daño no se aplicaba porque el banco no implementó sistemas adecuados de prevención y alerta frente a operaciones fraudulentas.

¿Qué normativa de protección al consumidor se aplica en demandas contra bancos por fraudes electrónicos?

En este caso, el Juzgado de Policía Local de La Cisterna resolvió la demanda con base en la Ley 19.496, específicamente su artículo 3 inciso 1 letra d), que regula los derechos del consumidor. La sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

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