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La Contraloría General de la República dictaminó que los gobiernos regionales y las mun…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que los gobiernos regionales y las municipalidades no pueden recibir donaciones ni celebrar convenios con personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en la evaluación de impacto ambiental de proyectos o actividades en que dichos órganos deban intervenir. Funda su decisión en el principio de probidad administrativa consagrado en la Constitución y en la ley N° 18.575, que exige a las autoridades y funcionarios públicos actuar con imparcialidad y evitar conflictos de interés, incluso potenciales. El dictamen aplica jurisprudencia previa del mismo organismo que ya había establecido esta limitación para resguardar la objetividad en la función consultiva ambiental.

Normas citadas

  • ley 18695 art/13 lt/a
  • ley 18695 art/5 lt/c
  • ley 18695 art/63 lt/f
  • ley 19175 art/69 lt/a
  • ley 19175 art/69 lt/b
  • ley 19300 art/8 inc/fin
  • ley 19300 art/81 lt/a
  • ley 19300 art/8 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Pueden las municipalidades recibir donaciones de empresas que tienen proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental?

En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que las municipalidades no pueden recibir donaciones ni celebrar convenios con personas que tengan o puedan tener interés en la evaluación de impacto ambiental de proyectos en que deban intervenir.

¿Puede un gobierno regional firmar convenios con particulares que tengan interés en una evaluación ambiental?

La Contraloría sostuvo que los gobiernos regionales tampoco pueden celebrar convenios con personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en la evaluación de impacto ambiental de proyectos en que deban intervenir, para resguardar la probidad administrativa.

¿Qué principio fundamenta la prohibición de recibir donaciones con conflicto de interés ambiental?

El dictamen se funda en el principio de probidad administrativa de la Constitución y en la ley N° 18.575, que exige a las autoridades y funcionarios actuar con imparcialidad y evitar conflictos de interés, incluso potenciales.

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