La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud para financiar…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud para financiar becas de subespecialidad médica a unos 14 profesionales que no participaron en el concurso respectivo. Se rechazó el otorgamiento del beneficio, pues la normativa exige que toda beca de este tipo sea precedida de un certamen público. Los dictámenes invocados por la peticionaria no eran aplicables, ya que se referían a errores administrativos que perjudicaban derechos legítimos, situación distinta a la analizada. Los profesionales no tenían un derecho adquirido sobre cupos, sino una mera expectativa, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales objetó la legalidad del financiamiento poco después de la aceptación por la entidad formadora. En consecuencia, no procede el financiamiento solicitado.
Normas citadas
ley 19664 art/10
ley 19664 art/11
ley 15076 art/43 inc/1
ley 15076 art/43 inc/2
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede financiar becas de subespecialidad médica para profesionales que no participaron en el concurso público respectivo?
No, según este dictamen de la Contraloría General de la República. La normativa exige que toda beca de este tipo sea precedida de un certamen público, por lo que se rechazó el financiamiento solicitado para unos 14 profesionales que no participaron en el concurso.
¿Puede invocarse un dictamen anterior de la Contraloría para justificar el financiamiento de becas sin concurso?
En este caso, la Contraloría concluyó que los dictámenes invocados por la peticionaria no eran aplicables, porque se referían a errores administrativos que perjudicaban derechos legítimos, situación distinta a la analizada.
¿Tienen los profesionales un derecho adquirido a un cupo de beca si la entidad formadora los aceptó?
No, según este dictamen. Los profesionales tenían solo una mera expectativa y no un derecho adquirido, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales objetó la legalidad del financiamiento poco después de la aceptación por la entidad formadora.
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