La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de los jefes supe…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de los jefes superiores de servicios públicos para adoptar medidas extraordinarias de gestión durante la pandemia de COVID-19. El dictamen señala que, ante la crisis sanitaria, los organismos públicos pueden implementar decisiones excepcionales para resguardar a las personas y asegurar la continuidad de servicios críticos, incluyendo el pago a proveedores cuando el incumplimiento contractual derive de caso fortuito o fuerza mayor por el cierre de oficinas. Se reconoce la potestad de las jefaturas para ponderar las circunstancias particulares de cada situación afectada y resolver las medidas que estimen necesarias, sin perjuicio de evaluar el término anticipado de contratos si el interés público lo requiere. En consecuencia, corresponde a la directora nacional ponderar los antecedentes y adoptar las decisiones pertinentes.
Normas citadas
Ley N° 20.032
Ley N° 18.575
Oficio N° 8.256, de 2020
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Preguntas frecuentes
¿Pueden los jefes de servicios públicos adoptar medidas extraordinarias de gestión durante una emergencia sanitaria como la pandemia de COVID-19?
En este caso, la Contraloría General de la República reconoce que, ante la crisis sanitaria, las jefaturas de los servicios públicos pueden adoptar decisiones excepcionales para resguardar a las personas y asegurar la continuidad de los servicios críticos.
¿Procede pagar a proveedores de un servicio público si el incumplimiento del contrato se debió al cierre de oficinas por la pandemia?
Según este dictamen, el pago a proveedores puede procedir cuando el incumplimiento contractual derive de caso fortuito o fuerza mayor por el cierre de oficinas, decisión que corresponde ponderar a la jefatura del servicio.
¿Puede un servicio público poner término anticipado a un contrato por la pandemia?
En este caso, la Contraloría sostiene que las jefaturas pueden evaluar el término anticipado de contratos si el interés público lo requiere, sin perjuicio de ponderar las circunstancias particulares de cada situación afectada.
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