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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por una…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa farmacéutica en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenaba al Instituto de Salud Pública entregar copia de estudios preclínicos y clínicos de tres medicamentos. La empresa argumentó que dicha información constituía secreto comercial protegido por el artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285. La Corte estimó que el Consejo incurrió en ilegalidad al no considerar adecuadamente esta causal de reserva, vulnerando los derechos de propiedad intelectual y secreto comercial de la empresa. En consecuencia, se anuló la orden de entrega de los estudios.

Normas citadas

  • Artículo 23 de la Ley N°6.640
  • Artículo 5° de la Ley N°20.285
  • Artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285
  • Artículo 30 de la Ley N°20.285
secreto comercialacceso a la informacióntransparenciareclamo de ilegalidadamparomedicamentosregistro sanitarioinformación sensible

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar estudios preclínicos y clínicos de medicamentos si la farmacéutica alega secreto comercial bajo la Ley de Transparencia?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de la farmacéutica y anuló la orden de entrega. Estimó que el Consejo para la Transparencia no consideró adecuadamente la causal de secreto comercial del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285.

¿Puede el Consejo para la Transparencia ordenar la entrega de información de terceros cuando estos invocan secreto comercial?

En este caso, la Corte concluyó que el Consejo incurrió en ilegalidad al no ponderar esa causal de reserva. Por ello, dejó sin efecto la orden que obligaba al Instituto de Salud Pública a entregar los estudios.

¿Se afectan la propiedad intelectual y el secreto comercial de una empresa al entregar estudios de sus medicamentos por transparencia?

La Corte sostuvo que la decisión del Consejo vulneraba los derechos de propiedad intelectual y de secreto comercial de la empresa farmacéutica. Como consecuencia, anuló la orden de entrega de los estudios preclínicos y clínicos.

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