El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a informac…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2012
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a información solicitada a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas sobre un proceso de licitación de raciones alimenticias. El organismo acogió parcialmente la reclamación y ordenó a la entidad entregar los antecedentes publicados en el portal de compras públicas, en un formato que evite costos excesivos, junto con la documentación correspondiente a varios literales de la solicitud, y aquellos otros que obren en soporte documental. Fijó un plazo de diez días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de aplicar las medidas de la Ley de Transparencia, y dispuso que la entidad informe el cumplimiento al Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, mas no recurso de reposición administrativo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEducación
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el organismo público no entrega la información solicitada en el plazo que fija el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de diez días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada y advirtió que, si no se cumple, se aplicarán las medidas de la Ley de Transparencia. Además, la entidad debe informar al Consejo sobre el cumplimiento.
¿Se puede pedir que la información se entregue en un formato que no implique costos excesivos para el solicitante?
En este caso, el Consejo ordenó entregar los antecedentes publicados en el portal de compras públicas en un formato que evite costos excesivos. Así, el organismo acogió parcialmente la reclamación y exigió esa modalidad de entrega.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que resuelve un amparo?
En este caso, el Consejo dispuso que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, pero no recurso de reposición administrativo. Es decir, el camino de impugnación es judicial, no administrativo.
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