Una empresa recurrió de protección contra una distribuidora eléctrica por cobros excesi…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
Una empresa recurrió de protección contra una distribuidora eléctrica por cobros excesivos e injustificados en facturas de suministro y por la amenaza de corte de energía, alegando irregularidades en la medición y facturación desde agosto de 2023, lo que generó una deuda cuestionada. La empresa recurrida no evacuó el informe solicitado por la Corte, pese a los apercibimientos. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, considerando que los antecedentes acreditaban actos arbitrarios que vulneraban las garantías constitucionales del artículo 19 N°21 y 24 de la Constitución. En lo resolutivo, ordenó a la distribuidora suspender el corte de suministro, dar respuesta detallada sobre el origen y cálculo de la deuda en un plazo de 15 días, y suspender el cobro del saldo de arrastre mientras no se cumplan dichas medidas.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección
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Preguntas frecuentes
¿Puede una distribuidora eléctrica cortar el suministro por una deuda que el cliente cuestiona en un recurso de protección?
En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el recurso y ordenó a la distribuidora suspender el corte de suministro mientras no entregue una respuesta detallada sobre el origen y cálculo de la deuda cuestionada.
¿Qué pasa si la empresa recurrida no entrega el informe que le pide la Corte en un recurso de protección?
En este caso, la distribuidora no evacuó el informe pese a los apercibimientos, y la Corte consideró acreditados los hechos del recurso para acoger la acción de protección.
¿Un cobro excesivo en facturas de electricidad puede vulnerar garantías constitucionales como el derecho de propiedad y la igualdad ante las cargas públicas?
En este caso, la Corte de Apelaciones estimó que los cobros excesivos e injustificados y la amenaza de corte constituían actos arbitrarios que vulneraban las garantías del artículo 19 N°21 y 24 de la Constitución.
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