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La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que acogió u…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que acogió un recurso de amparo presentado por dos recurrentes en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por una actuación administrativa en materia migratoria. El fallo fue acordado con el voto en contra de un ministro, quien estimó que no existía ilegalidad en la resolución administrativa, pues la autoridad actuó dentro de sus competencias legales. La mayoría, en cambio, validó implícitamente la existencia de una ilegalidad al confirmar el fallo apelado. Se ordenó el registro y devolución del expediente.

Normas citadas

  • Ley 19880 art. 11
  • Ley 19880 art. 41
  • Ley 21325 art. 32
  • Ley 21325 art. 129
  • Constitución Política de la República de Chile art. 21
Expulsión del paísIngreso por paso no habilitadoAutoridad administrativaAmparos extranjeríaAcción de amparoIngreso de manera irregular al paísAfectación de la libertad personalIngreso clandestino al país

Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de amparo contra una resolución administrativa migratoria que se considera ilegal?

En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que acogió el amparo contra el Servicio Nacional de Migraciones, por estimar que la actuación administrativa era ilegal. Hubo un voto en contra que sostuvo que la autoridad actuó dentro de sus competencias legales.

¿Puede la Corte Suprema confirmar un amparo acogido por una Corte de Apelaciones en materia migratoria?

Sí, en este caso la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que acogió el recurso de amparo. El fallo fue acordado por mayoría, con el voto disidente de un ministro que estimó que no existía ilegalidad.

¿Qué efecto tiene un voto en contra en una sentencia de amparo migratorio de la Corte Suprema?

En este caso, el ministro que votó en contra estimó que la resolución administrativa era legal y que la autoridad actuó dentro de sus competencias. La mayoría, sin embargo, validó implícitamente la ilegalidad al confirmar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Arica.

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