El Segundo Juzgado de Policía Local de Temuco acogió una denuncia por infracción a la L…
Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO · 2016
Resumen
El Segundo Juzgado de Policía Local de Temuco acogió una denuncia por infracción a la Ley del Consumidor presentada por una clienta contra un supermercado, tras una caída ocurrida en el local. El tribunal tuvo por acreditada la infracción al artículo 23 de la Ley 19.496 y condenó al proveedor al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales. Además, acogió con costas la demanda civil y lo condenó a indemnizar el daño moral de la afectada, regulado prudencialmente en un millón de pesos, considerando que no se demostraron secuelas y que la empresa realizó actos reparatorios inmediatos y posteriores. La suma devengará interés corriente para operaciones no reajustables desde que la sentencia quede ejecutoriada, y se aplicó la responsabilidad prevista en la ley 19.496.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 1
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra e
Ley 19.496, Art. 4
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 15
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Ley 19.496, Art. 24
Ley 19.496, Art. 27
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede un supermercado ser condenado a indemnizar el daño moral si un cliente se cae en el local?
En este caso, el Segundo Juzgado de Policía Local de Temuco acogió la demanda civil y condenó al supermercado a indemnizar el daño moral de la afectada, regulado prudencialmente, tras acreditarse la infracción al artículo 23 de la Ley 19.496 por la caída en el local.
¿Qué multa se aplica a un proveedor por infracción a la Ley del Consumidor cuando se acredita la responsabilidad?
En este caso, el tribunal condenó al proveedor al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales, tras tener por acreditada la infracción al artículo 23 de la Ley 19.496.
¿Cómo se regula la indemnización por daño moral cuando no se acreditan secuelas y el proveedor realizó actos reparatorios?
En este caso, el tribunal reguló prudencialmente el daño moral en un millón de pesos, considerando que no se demostraron secuelas y que la empresa realizó actos reparatorios inmediatos y posteriores, con interés corriente desde que la sentencia quede ejecutoriada.
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