Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Santiago confirma la sentencia del Segundo Juzgado Civil que otorgó una indemnización de $70 millones a una víctima de prisión política y tortura. El tribunal considera que el daño moral debe incluir no solo los sufrimientos físicos y psicológicos sufridos en cuarteles secretos, sino también el daño a la imagen causado al hacer aparecer a la víctima como delincuente en medios de comunicación. Esto provocó su aislamiento social y marginación de oportunidades de desarrollo. La decisión se fundamenta en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil. La sentencia fue redactada por la ministra Lidia Poza Matus y pronunciada por la Primera Sala de la Corte.