El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular en contr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular en contra de Carabineros de Chile, por la negativa a entregar una resolución administrativa. El organismo ordenó entregar el documento requerido, pero sin tarjar la columna que contiene los números de serie de las videocámaras corporales particulares, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública. El Consejo concluyó que no se justificó suficientemente la concurrencia de alguna causal de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia ni la afectación de los bienes jurídicos protegidos por dicha ley. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento legal, y se contempló el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público puede negarse a entregar números de serie de equipos de videocámaras corporales alegando reserva de información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra Carabineros y concluyó que no se justificó la concurrencia de una causal de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por eso ordenó entregar el documento sin tarjar la columna con los números de serie, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública.
¿Qué debe probar un organismo público para negar el acceso a información pública invocando el artículo 21 de la Ley de Transparencia?
Según este fallo, el organismo debe justificar suficientemente que concurre alguna causal de reserva del artículo 21 y que se afectan los bienes jurídicos protegidos por la ley. En este caso, Carabineros no logró acreditar ninguno de los dos requisitos, por lo que el Consejo ordenó la entrega.
¿Qué plazo tiene un organismo para cumplir una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia y qué recursos existen contra esa decisión?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento legal. Además, contempló la posibilidad de presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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