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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Servicio de Salu…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Servicio de Salud Magallanes, ordenando la entrega de cuentas públicas de los hospitales de Puerto Williams (año 2019), Natales (2019) y Porvenir (2009, 2017, 2019 y 2020). Se consideró que se trata de información pública cuya entrega no fue acreditada por el órgano requerido, ni se alegaron causales de reserva. Aunque el servicio remitió extemporáneamente algunas cuentas durante el procedimiento, se ordenó la entrega completa. Si la información no obra en poder del órgano, deberá acreditarlo. La resolución advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo, y establece que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Oficio N° 4
  • Oficio Ord. N° 316
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Un órgano público puede negarse a entregar cuentas públicas de sus hospitales si no alega una causal de reserva?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar las cuentas públicas requeridas, porque se trataba de información pública y el servicio no acreditó su entrega ni alegó causales de reserva. Ver también la Ley N° 20.285.

¿Qué ocurre si un servicio de salud entrega la información pero fuera de plazo durante un amparo de transparencia?

En este caso, aunque el Servicio de Salud Magallanes remitió algunas cuentas extemporáneamente durante el procedimiento, el Consejo igualmente ordenó la entrega completa de la información requerida.

¿Qué debe hacer un órgano si la información solicitada no se encuentra en su poder?

En este caso, el Consejo estableció que, si la información no obra en poder del órgano requerido, este deberá acreditarlo. Además, advirtió sobre posibles sanciones por incumplimiento, como multas y suspensión del cargo, y señaló que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

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