El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por u…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2018
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por una empresa contra las bases de una licitación municipal para la concesión del servicio de mantención de áreas verdes y jardines en la comuna de Molina. La empresa sostuvo que algunas disposiciones de las bases eran ilegales y arbitrarias. El tribunal razonó que las bases no pueden establecer inhabilidades o prohibiciones distintas de las taxativamente señaladas en el artículo 4° de la Ley N°19.886, pues son de derecho estricto y de interpretación restrictiva, y que los criterios de evaluación deben ser objetivos y determinados, sin exigencias desproporcionadas o arbitrarias que afecten la libre concurrencia de los oferentes. En lo resolutivo, el tribunal acogió la demanda solo en cuanto declaró ilegales y arbitrarias ciertas disposiciones de las bases, ordenando eliminarlas, definirlas o adecuarlas a la legislación vigente en futuros llamados a licitación, y la rechazó en todo lo demás, condenando a la parte demandada al pago de las costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Pueden las bases de una licitación establecer inhabilidades o prohibiciones distintas a las señaladas en la Ley 19.886?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que las bases no pueden establecer inhabilidades o prohibiciones distintas de las taxativamente señaladas en el artículo 4° de la Ley N°19.886, pues son de derecho estricto y de interpretación restrictiva.
¿Qué requisitos deben cumplir los criterios de evaluación en las bases de una licitación pública?
En este caso, el tribunal razonó que los criterios de evaluación deben ser objetivos y determinados, sin exigencias desproporcionadas o arbitrarias que afecten la libre concurrencia de los oferentes.
¿Qué ocurre si las bases de una licitación contienen disposiciones ilegales o arbitrarias?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la demanda y declaró ilegales y arbitrarias ciertas disposiciones de las bases, ordenando eliminarlas, definirlas o adecuarlas a la legislación vigente en futuros llamados a licitación.
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