El Tribunal de Contratación Pública acogió una impugnación contra la adjudicación de un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2021
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió una impugnación contra la adjudicación de una licitación pública de servicio de aseo y barrido en una comuna. Se declaró ilegal la aceptación de la oferta de la empresa adjudicataria por no cumplir un requisito legal de admisibilidad, específicamente por no presentar un Programa de Gestión de Riesgos en el Trabajo conforme a la normativa laboral. En consecuencia, se dejaron sin efecto la adjudicación, el informe de evaluación y el decreto respectivo, ordenando retrotraer el proceso al estado de reevaluar las ofertas admisibles, excluyendo a la empresa que incumplió, y continuar la tramitación según las bases y la ley. Cada parte pagó sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede una oferta en una licitación pública ser excluida si no acompaña el Programa de Gestión de Riesgos en el Trabajo exigido?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal la aceptación de una oferta por no cumplir un requisito legal de admisibilidad, al no presentar dicho programa conforme a la normativa laboral. Por ello, ordenó excluir a esa empresa y reevaluar solo las ofertas admisibles.
¿Qué efectos tiene que el Tribunal acoja una impugnación contra la adjudicación de una licitación pública?
En este caso, el Tribunal acogió la impugnación y dejó sin efecto la adjudicación, el informe de evaluación y el decreto respectivo. Además, ordenó retrotraer el proceso para continuar la tramitación según las bases y la ley.
¿Cómo se distribuyen las costas cuando el Tribunal de Contratación Pública acoge una impugnación en una licitación?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública resolvió que cada parte pagara sus propias costas, pese a acoger la impugnación. El resumen no detalla los fundamentos de esa decisión.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.