Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 192, de 2011, del Ministerio de Educación, que aprueba un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Municipalidad de Illapel, por encontrarse ajustado a derecho. Sin embargo, el organismo hizo presente que el convenio se firmó el 30 de julio de 2010, pero el acto administrativo que lo aprueba recién se dictó el 24 de mayo de 2011, ingresando a control en esa misma época. Según la jurisprudencia del propio órgano, esa demora infringe el artículo 8° de la Ley N° 18.575, que obliga a actuar por propia iniciativa y con simplificación y rapidez, y el principio de celeridad del artículo 7° de la Ley N° 19.880. Por ello, instruyó al Ministerio de Educación a adoptar las medidas necesarias para que sus instrumentos se dicten y remitan a tramitación oportunamente.