La Corte Suprema acogió un recurso de amparo y revocó la sentencia de la Corte de Apela…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que lo había rechazado. El caso se refería a la decisión de Gendarmería de mantener a un imputado en un recinto penitenciario ubicado fuera de la región donde reside su familia. El máximo tribunal estimó que dicha medida carecía de motivación suficiente y afectaba el derecho del amparado a la vinculación familiar y a su reinserción social, vulnerando el artículo 1° de la Constitución, que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y tratados internacionales sobre derechos humanos. En consecuencia, ordenó el traslado del imputado, a la brevedad, a un recinto penitenciario de la Décima Región de Los Lagos, el que será determinado por Gendarmería.
Normas citadas
Artículo 53 inciso segundo del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
Artículo 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
Artículo 1 inciso segundo de la Constitución Política de la República
Artículo 21 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Puede Gendarmería mantener a un imputado en un recinto penitenciario lejos de la región donde vive su familia?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la medida carecía de motivación suficiente y afectaba el derecho a la vinculación familiar y a la reinserción social del imputado. Por ello, acogió el recurso de amparo y ordenó su traslado a un recinto de la Décima Región de Los Lagos.
¿Se puede recurrir de amparo contra una decisión de Gendarmería sobre el lugar de reclusión?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo contra la decisión de Gendarmería de mantener al imputado en un recinto alejado de su familia. Revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que lo había rechazado.
¿Afecta el derecho a la familia la ubicación de un recinto penitenciario en Chile?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la ubicación del recinto vulneró el artículo 1° de la Constitución, que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, así como tratados internacionales de derechos humanos. Estimó que la vinculación familiar debía considerarse en la decisión.
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