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El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un ciudadano contra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un ciudadano contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota, que había negado el acceso a la identidad de la persona que formuló una denuncia y solicitó copia del expediente con su foliación original. Respecto de la identidad del denunciante, el Consejo estimó que su divulgación podía afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto podía entorpecer la investigación de los hechos, y además podía afectar gravemente los derechos del denunciante, lo que configura las causales de reserva de los números 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En cuanto a la copia del expediente, se concluyó que los antecedentes entregados corresponden a la versión que obra en poder del órgano, por lo que también se rechazó ese punto. La decisión fue adoptada por unanimidad de los consejeros presentes.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede acceder a la identidad de quien presentó una denuncia ante un organismo de salud pública en Chile?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y confirmó la reserva de la identidad del denunciante, porque su divulgación podía entorpecer la investigación y afectar gravemente sus derechos, configurándose las causales de los números 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

¿Qué pasa si pido una copia del expediente administrativo con su foliación original y el órgano entrega otra versión?

En este caso, el Consejo estimó que los antecedentes entregados correspondían a la versión que obra en poder del órgano, por lo que rechazó el reclamo respecto de la copia del expediente con su foliación original.

¿Cuáles son las causales de reserva de la Ley de Transparencia que se aplican a denuncias en investigaciones administrativas?

En este caso, el Consejo aplicó los números 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, al considerar que la divulgación de la identidad del denunciante podía afectar el cumplimiento de las funciones del órgano y los derechos del denunciante.

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