Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un asunto relacionado con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), en el que se analizaron medidas de resguardo del patrimonio público. El órgano contralor recordó que la potestad invalidatoria corresponde a la Administración activa, no a la Contraloría, y debe ejercerse conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880, dentro de dos años y previa audiencia de los interesados. En consecuencia, corresponderá a la CORFO decidir si inicia un procedimiento invalidatorio o regulariza el convenio respectivo, ponderando situaciones consolidadas, derechos de terceros y el interés público. Además, la CORFO deberá iniciar una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Respecto de las acciones judiciales recomendadas, se trata de un asunto litigioso propio de los tribunales de justicia, por lo que la Contraloría se abstiene de informar. Se remite copia del informe de la CORFO al interesado.