La Contraloría General de la República complementa sus oficios previos sobre los funcio…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República complementa sus oficios previos sobre los funcionarios municipales cuyos nombramientos fueron dejados sin efecto por la Municipalidad de Quintero debido a un concurso viciado. Resuelve que corresponde contratarlos asimilados al grado más próximo al que postularon, y que el municipio debe pagarles las remuneraciones por el tiempo en que estuvieron privados de ejercer sus funciones. Rechaza la objeción municipal sobre el límite del 20% de contrataciones a honorarios, por el carácter excepcional del caso. Además, ordena dejar sin efecto las contrataciones bajo el Código del Trabajo, pues no otorgan la protección debida a los afectados, y exige informar las medidas adoptadas en un plazo de 15 días hábiles.
Normas citadas
ley 10336 art/6
ley 18883 art/2 inc/4
ley 18883 art/3 inc/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué debe hacer una municipalidad con funcionarios cuyo nombramiento fue dejado sin efecto por un concurso viciado?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que corresponde contratarlos asimilados al grado más próximo al que postularon, y que el municipio debe pagarles las remuneraciones por el tiempo en que estuvieron privados de ejercer sus funciones.
¿Puede una municipalidad superar el límite del 20% de contrataciones a honorarios para regularizar a funcionarios afectados por un concurso viciado?
En este caso, la Contraloría rechazó la objeción municipal sobre el límite del 20% de contrataciones a honorarios, por considerar que la situación era excepcional.
¿Son válidas las contrataciones bajo el Código del Trabajo para reemplazar nombramientos municipales anulados por un concurso viciado?
En este caso, la Contraloría ordenó dejar sin efecto las contrataciones bajo el Código del Trabajo, pues no otorgan la protección debida a los afectados, y exigió informar las medidas adoptadas en un plazo de 15 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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