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La Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que acogió el amparo económ…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que acogió el amparo económico interpuesto por una empresa en contra de la Municipalidad de Santiago, rechazando la reclamación. La municipalidad había cancelado la patente comercial de un local que funcionaba como casino clandestino. El tribunal determinó que, si bien la Constitución garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas, esta protección solo ampara aquellas que sean lícitas y no contrarias a la moral, el orden público y las normas legales. Los juegos de azar constituyen una actividad ilícita, por lo que la cancelación de la patente fue una medida legítima y ajustada a derecho, sin vulnerar la garantía constitucional del artículo 19 N° 21.

Normas citadas

  • Ley N° 18.971 (Amparo Económico)
  • Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N° 21 inciso 2° de la Constitución Política
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Preguntas frecuentes

¿Protege el derecho a desarrollar actividades económicas a un local que opera como casino clandestino?

No. En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la garantía del artículo 19 N° 21 solo ampara actividades lícitas, no contrarias a la moral, al orden público ni a las normas legales. Como los juegos de azar son una actividad ilícita, la cancelación de la patente fue legítima.

¿Puede una municipalidad cancelar la patente comercial de un local que funciona como casino clandestino?

Sí. En este caso, la Corte Suprema confirmó que la Municipalidad de Santiago actuó conforme a derecho al cancelar la patente de un local que funcionaba como casino clandestino, rechazando el amparo económico que había interpuesto la empresa.

¿Cómo se resuelve un amparo económico frente a la cancelación de una patente por actividades de juegos de azar?

En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que había acogido el amparo, pero rechazó la reclamación municipal, concluyendo que los juegos de azar son ilícitos y que la medida no vulneró la garantía del artículo 19 N° 21 de la Constitución.

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