El Consejo para la Transparencia rechazó el amparo deducido en contra de la Corporación…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó el amparo deducido en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, por no disponerse de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en cuanto a la inexistencia de información adicional a la proporcionada. Se tuvo en consideración que el proyecto consultado aún se encontraba en ejecución, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024, y que no resultaba procedente requerir la entrega de información que no obra en poder del órgano reclamado, conforme al inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. La decisión fue adoptada por unanimidad y contra ella procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Resolución N° 000447
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si un órgano público dice que no tiene más información que la ya entregada en una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo porque no había antecedentes que desvirtuaran lo señalado por el órgano, el que indicó que no existía información adicional. Además, no procedía exigir entregar información que no estaba en su poder, conforme al inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia.
¿Puede ordenarse la entrega de información sobre un proyecto que todavía está en ejecución?
En este caso, el Consejo consideró que el proyecto seguía en ejecución, prorrogado hasta fines de 2024, y aun así rechazó el amparo por falta de antecedentes que contradijeran la respuesta del órgano. El resumen no detalla un criterio general sobre la entrega de información de proyectos en curso.
¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia puede reclamarse y en qué plazo?
En este caso, la decisión fue adoptada por unanimidad y contra ella procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
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