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El Tribunal Constitucional rechaza el requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional rechaza el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una inmobiliaria en contra de las normas sobre capitalización mensual de intereses del artículo 19, inciso decimotercero del D.L. N° 3.500 y sobre restricciones a la apelación del artículo 8° de la Ley N° 17.322. En cuanto al primer precepto, estima que su aplicación no resulta decisiva en la gestión pendiente, pues no incide en la resolución del recurso de hecho, cuyo objetivo es que la Corte de Apelaciones declare admisible la apelación contra el rechazo de la objeción a la liquidación del crédito previsional. Respecto del artículo 8°, rechaza la acción por no cumplir los requisitos de procedencia. La decisión se funda en que la decisividad es una condición normativa esencial para la procedencia de la acción, conforme a la Constitución y la ley orgánica constitucional del tribunal.

Normas citadas

  • D.L. N° 3.500, artículo 19, inciso decimotercero
  • Ley N° 17.322, artículo 8°, inciso primero, primera parte
  • Ley N° 17.322, artículo 4° bis
  • Ley N° 17.322, artículo 25 bis
anatocismocapitalización de interesescobranza previsionalcotizaciones previsionalesrecurso de apelacióninaplicabilidad por inconstitucionalidadseguridad socialprocedimiento laboral

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional acoger una acción de inaplicabilidad si no se cumplen los requisitos de procedencia, como la decisividad?

No. En este caso, el Tribunal rechazó la acción contra el artículo 8° de la Ley N° 17.322 por no cumplir sus requisitos de procedencia, fundándose en que la decisividad es una condición normativa esencial conforme a la Constitución y a la ley orgánica constitucional del tribunal.

¿Qué papel cumple la decisividad en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la decisividad es una condición normativa esencial para la procedencia de la acción, por lo que una norma que no incide en la resolución de la gestión pendiente no puede ser inaplicada.

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