El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra una norma del DFL N° 1 de Salud de 2005 que permite multar hasta con 1.000 UTM a prestadores de salud que condicionan la atención de emergencias al otorgamiento de garantías. El requirente alegaba que esa sanción vulneraba las garantías de legalidad y tipicidad del artículo 19 N° 3 de la Constitución. El tribunal concluyó que dichas garantías, por su tenor literal y una lectura sistemática de la Constitución, están acotadas expresamente al ámbito penal y no pueden extenderse razonablemente al derecho administrativo sancionador, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento español, que sí sujeta toda sanción al principio de legalidad. Por ello, la alegación fue considerada improcedente y se rechazó el requerimiento, con disidencia y prevención.
Normas citadas
D.F.L. N° 1
Ley N° 2.763
Decreto ley N° 2.763
Ley N° 19.650
Código Sanitario
Artículo 174 del Código Sanitario
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
inaplicabilidad por inconstitucionalidadderecho administrativo sancionadorprincipio de legalidadprincipio de tipicidadgarantías penales del artículo 19 N° 3garantías de emergencia en saludprestadores de saludSuperintendencia de Salud
Preguntas frecuentes
¿Se aplican las garantías de legalidad y tipicidad del artículo 19 N° 3 de la Constitución al derecho administrativo sancionador?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que dichas garantías están acotadas expresamente al ámbito penal y no pueden extenderse razonablemente al derecho administrativo sancionador, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento español.
¿Puede un prestador de salud ser multado por condicionar la atención de emergencias al otorgamiento de garantías?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento contra la norma del DFL N° 1 de Salud de 2005 que permite multar hasta con 1.000 UTM a prestadores que condicionan la atención de emergencias al otorgamiento de garantías.
¿Es constitucional que una norma administrativa permita sanciones sin sujeción al principio de legalidad penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró improcedente la alegación de que la sanción vulneraba las garantías de legalidad y tipicidad, pues estas no se extienden al derecho administrativo sancionador, y rechazó el requerimiento.
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