El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Alto Hospicio y ordenó la entrega de la copia íntegra de un sumario administrativo afinado, junto con sus documentos complementarios. La municipalidad había denegado la información invocando la oposición de terceros y del funcionario sancionado, así como la causal de afectación al debido cumplimiento de funciones (artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia). El Consejo desestimó estas alegaciones por no acreditarse afectación alguna. Se aplicó el principio de divisibilidad para resguardar datos de vida privada de intervinientes, pero se ordenó dar acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, permitiendo conocer los fundamentos de la decisión disciplinaria.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.628
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 18.834
Ley 18.883
Oficio N° 29
Artículo 135 de la Ley 18.883
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un sumario administrativo terminado puede ser entregado a particulares bajo la Ley de Transparencia si hay oposición del funcionario sancionado?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar la copia íntegra del sumario administrativo y sus documentos complementarios. Desestimó la oposición del funcionario sancionado porque no se acreditó afectación alguna.
¿Puede una municipalidad negarse a entregar un sumario administrativo alegando que afecta el debido cumplimiento de sus funciones?
En este caso, el Consejo rechazó la causal del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia invocada por la Municipalidad de Alto Hospicio, porque no se acreditó ninguna afectación. Por ello ordenó dar acceso a los antecedentes.
¿Cómo se protegen los datos personales de los intervinientes al entregar un sumario administrativo?
En este caso, el Consejo aplicó el principio de divisibilidad para resguardar datos de vida privada de los intervinientes. Igualmente ordenó entregar los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, incluidos los fundamentos de la decisión disciplinaria.
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