Resumen
La Contraloría General de la República, atendiendo una consulta de la Cámara de Diputados, se pronuncia sobre la mantención de las garantías de los contratos administrativos. Resuelve que las entidades públicas deben conservar los instrumentos de garantía entregados por los proveedores mientras los contratos se encuentren vigentes, ya que su exigencia responde al interés general y no procede que un contrato en ejecución carezca de cauciones. Precisa que la vigencia de la garantía no puede ser inferior a la duración del contrato, y que si las bases no señalan plazo, será de 60 días hábiles tras el término del contrato. No obstante, reconoce que, en el contexto de la pandemia, se permitió el pago de servicios no prestados si el proveedor acredita el pago de remuneraciones, y que los jefes de servicio pueden poner término anticipado al contrato por interés público, lo que permitiría devolver las garantías.