La Corte Suprema rechazó la reclamación de una sociedad minera contra las resoluciones…
Sentencia · Corte Suprema · 2012
Resumen
La Corte Suprema rechazó la reclamación de una sociedad minera contra las resoluciones de la Dirección General de Aguas (DGA) que denegaron la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por falta de autorización del dueño del suelo. El máximo tribunal anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones que había acogido el reclamo y ordenado el otorgamiento directo de los derechos, por estimar que el tribunal de alzada se subrogó indebidamente en las potestades privativas de la DGA, pues su labor se limita a controlar la legalidad del acto administrativo. No obstante, ordenó remitir a la DGA las autorizaciones obtenidas durante el proceso para que continúe la tramitación administrativa.
Normas citadas
Art. 137 Código de Aguas
Art. 132 Código de Aguas
Art. 768 Código de Procedimiento Civil
Art. 170 Código de Procedimiento Civil
Resolución DGA Nº 186 de 1996, Art. 22
aguasCorte Suprema
Preguntas frecuentes
¿Puede el tribunal ordenar directamente a la DGA otorgar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas si la solicitud fue denegada?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la Corte de Apelaciones se subrogó indebidamente en las potestades de la DGA al ordenar el otorgamiento directo de los derechos, pues el tribunal solo puede controlar la legalidad del acto administrativo. Por ello anuló esa sentencia.
¿Qué ocurre si una solicitud de derechos de aguas se denegó por falta de autorización del dueño del suelo y luego se obtiene esa autorización durante el juicio?
En este caso, la Corte Suprema, aunque rechazó la reclamación, ordenó remitir a la DGA las autorizaciones obtenidas durante el proceso para que continúe la tramitación administrativa. Así, la autorización reunida en juicio puede ser considerada por el organismo administrativo.
¿Cuál es el alcance del control judicial sobre las resoluciones de la Dirección General de Aguas?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la labor del tribunal se limita a controlar la legalidad de las resoluciones de la DGA, sin reemplazar su decisión sobre el fondo. Rechazó así la reclamación contra las resoluciones que denegaron los derechos.
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