El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra Carabineros de Chile…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra Carabineros de Chile y ordenó la entrega de las hojas de vida de ex funcionarios consultados. El Consejo fundó su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional que exige transparentar las actuaciones de los funcionarios de la Administración del Estado. Desestimó la causal de reserva por afectación a los derechos de las personas, por no haberse acreditado suficientemente por los terceros involucrados. En aplicación del principio de divisibilidad, ordenó tarjar únicamente los datos personales de contexto y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, conforme a la Ley sobre protección de la vida privada. Se otorgó un plazo de 10 días hábiles para cumplir, con apercibimiento legal. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en 15 días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Se pueden entregar las hojas de vida de funcionarios de Carabineros que han sido consultados vía Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó la entrega de las hojas de vida de ex funcionarios de Carabineros, fundándose en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia.
¿Procede la causal de reserva por afectación a los derechos de las personas para negar el acceso a información de funcionarios públicos?
En este caso, el Consejo desestimó esa causal porque los terceros involucrados no acreditaron suficientemente la afectación de sus derechos.
¿Qué datos pueden tarjarse cuando se entrega información de funcionarios públicos aplicando el principio de divisibilidad?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar solo los datos personales de contexto y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, conforme a la Ley sobre protección de la vida privada. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en 15 días corridos.
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