Resumen
La Contraloría General de la República resolvió una solicitud de reconsideración de un dictamen anterior, en la que el requirente alegaba que se habría vulnerado el principio de probidad administrativa y que no se había iniciado una investigación que estimaba necesaria. El órgano rechazó la reconsideración, señalando que en la emisión de los dictámenes no se transgredió plazo alguno, pues ejerció su potestad dentro de los márgenes de la ley N° 10.336. Además, abordó el fondo del asunto relativo al artículo 152, inciso primero, de la ley N° 18.834, que fija un plazo de seis meses para el retiro de un funcionario declarado irrecuperable. Concluyó que la renuncia presentada antes del vencimiento de ese plazo, a solicitud del propio funcionario, es válida conforme a su jurisprudencia, y que no existe constancia de que se le obligara a renunciar, por lo que la renuncia se ajustó a derecho y el tiempo alegado no puede computarse para efectos de jubilación.