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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado contra la Municipalidad d…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado contra la Municipalidad de Machalí por la negativa a entregar correos electrónicos institucionales. La solicitud se había denegado invocando la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, referida a la protección de la vida privada de terceros. En la parte resolutiva, el Consejo concluyó que los correos generados desde casillas institucionales en el ejercicio de competencias públicas constituyen información pública y que no concurre la causal de secreto invocada, pues lo pedido dice relación con intercambios de correos en el ejercicio de la función pública. Por ello, estimó que debió ordenarse la entrega de los correos electrónicos institucionales, dejando a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de plazo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.918
  • D.S. N° 93
  • Decreto supremo N° 634
  • Decreto supremo N° 157
  • Código Civil
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Los correos electrónicos de casillas institucionales de un municipio son información pública?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que los correos generados desde casillas institucionales en el ejercicio de competencias públicas constituyen información pública.

¿Se puede negar la entrega de correos institucionales invocando la protección de la vida privada de terceros?

En este caso, el Consejo estimó que no concurre la causal de secreto del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, pues lo pedido dice relación con intercambios de correos en el ejercicio de la función pública.

¿Qué ocurre si un municipio se niega a entregar correos electrónicos institucionales solicitados por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que debió ordenarse la entrega de los correos electrónicos institucionales, dejando a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de plazo.

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