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El Tribunal Constitucional de Austria acogió la solicitud y anuló por inconstitucional…

Sentencia · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional de Austria acogió la solicitud y anuló por inconstitucional el artículo 17, inciso 5, de la Ley de Medios de Comunicación, que obligaba a quien ejercía el derecho de rectificación a pagar al medio el valor de la publicación. El tribunal consideró que dicha carga económica constituía una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y al derecho a la vida privada, garantizados por los artículos 10 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, pues impedía el ejercicio efectivo de la rectificación, especialmente para personas de escasos recursos. La anulación rige desde el 30 de junio de 2024, sin que se condenara en costas, dejando a los tribunales ordinarios la resolución de eventuales reembolsos.

Normas citadas

  • § 17 Abs. 5 MedienG (BGBl 1993/20)
  • § 17 Abs. 4 MedienG
  • § 16 Abs. 2 y 3 MedienG
  • § 39 Abs. 1 MedienG (BGBl I 2005/49)
  • Art. 140 B-VG
  • Art. 10 EMRK
  • Art. 8 EMRK
  • Art. 140 Abs. 5 y 6 B-VG
libertad de expresiónderecho de rectificaciónmedios de comunicaciónvida privadainconstitucionalidadderechos fundamentalesCEDHAustria

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional exigir a quien ejerce el derecho de rectificación que pague al medio el valor de la publicación?

En este caso, el Tribunal Constitucional de Austria declaró inconstitucional esa exigencia y anuló la norma. Consideró que la carga económica restringía de forma desproporcionada la libertad de expresión y la vida privada, impidiendo el ejercicio efectivo de la rectificación.

¿Qué efecto tiene la anulación de una norma que obligaba a pagar por la rectificación en medios de comunicación?

En este caso, la anulación rige desde el 30 de junio de 2024. El tribunal dejó a los tribunales ordinarios la resolución de eventuales reembolsos a quienes ya hubieran pagado.

¿Puede el derecho de rectificación verse afectado por la situación económica de quien lo ejerce?

En este caso, el tribunal sostuvo que la carga económica afectaba especialmente a personas de escasos recursos, lo que dificultaba el ejercicio efectivo de la rectificación. Por eso fundamentó la inconstitucionalidad en la protección de la libertad de expresión y la vida privada.

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