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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una institución pública, declarando que los artículos 1°, inciso tercero; 420, letra a); 485; y 486, inciso primero, del Código del Trabajo son contrarios a la Constitución en el caso concreto. La mayoría sostuvo que la competencia de los jueces laborales para conocer acciones de tutela laboral de funcionarios públicos requiere una ley orgánica constitucional, de la que carece el artículo 1° del Código del Trabajo. Además, otorgar beneficios e indemnizaciones al personal estatal exige una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Aplicar la tutela laboral desvirtúa el régimen estatutario de Derecho Público que rige la relación funcionaria y vulnera el debido proceso, al impedir que el servicio público demandado se defienda adecuadamente. El tribunal consideró que la eventual inhabilitación de la requirente para contratar con el Estado produciría un efecto desproporcionado, al comparar el monto de la reparación laboral con el impacto económico de dicha sanción, lo que vulnera los artículos 19 N° 3, inciso sexto, y 19 N° 20, inciso segundo, de la Constitución.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 3, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 6, inciso tercero
  • Constitución Política, artículo 7, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 8, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 38 bis, inciso segundo
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajoPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa

Preguntas frecuentes

¿Pueden los jueces laborales conocer una acción de tutela laboral presentada por un funcionario público contra un servicio estatal?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la competencia de los jueces laborales para conocer estas acciones requiere una ley orgánica constitucional, de la que carece el artículo 1° del Código del Trabajo, por lo que declaró inaplicables esas normas.

¿Se puede aplicar el régimen de tutela laboral a la relación entre un servicio público y sus funcionarios?

En este caso, el tribunal consideró que aplicar la tutela laboral desvirtúa el régimen estatutario de Derecho Público que rige la relación funcionaria y vulnera el debido proceso, al impedir que el servicio demandado se defienda adecuadamente.

¿Es constitucionalmente proporcionada una inhabilitación para contratar con el Estado como consecuencia de una condena laboral?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la eventual inhabilitación produciría un efecto desproporcionado al compararla con el monto de la reparación laboral, lo que vulnera garantías constitucionales.

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