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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 318 del Código Penal, declarando que dicho precepto vulnera el principio de legalidad penal (artículo 19 N°3 de la Constitución) al no describir de forma expresa y precisa la conducta sancionada, delegando su determinación a normas infralegales como resoluciones de la autoridad sanitaria. La mayoría sostuvo que esta indeterminación permite una aplicación arbitraria del derecho y afecta la seguridad jurídica, pues el legislador no puede delegar la definición de conductas punibles a la administración. Como obiter dicta, señaló que, si bien el legislador puede tipificar delitos para proteger la salud pública en emergencias, debe hacerlo con claridad y proporcionalidad, sin remitirse a normas administrativas cambiantes. En la parte resolutiva, el tribunal concluyó que la aplicación del artículo 17 B de la Ley N° 17.798 no resulta contraria a la Constitución.

Normas citadas

  • artículo 318, de Código Penal
  • artículo 398, de Código Procesal Penal
  • artículo 68, inciso primero, de Código Procesal Penal
  • artículo 70, de Código Procesal Penal
  • artículo 436, de Código Procesal Penal
  • D.L. N°3.500 DE 1980
  • artículo 174, inciso cuarto, de Código Sanitario
  • artículo 318 bis, de Código Sanitario
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho Penal MilitarIgualdad Ante La Ley

Preguntas frecuentes

¿Puede el legislador delegar en la administración la definición de conductas punibles?

En este caso, la mayoría sostuvo que el legislador no puede delegar a la administración la definición de conductas punibles, pues esa indeterminación permite una aplicación arbitraria del derecho y afecta la seguridad jurídica.

¿Puede tipificarse un delito para proteger la salud pública durante una emergencia sanitaria?

En este caso, el tribunal señaló como obiter dicta que el legislador puede tipificar delitos para proteger la salud pública en emergencias, pero debe hacerlo con claridad y proporcionalidad, sin remitirse a normas administrativas cambiantes.

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